A 50 años del golpe cívico militar
hay 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad y más del 84% cumple arresto domiciliario. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad detalla el avance de los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura. Actualmente hay 12 juicios en trámite en diferentes provincias y más de 280 causas en etapa de preliminar. A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Justicia argentina dictó 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las que fueron condenadas 1.231 personas. La información se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal (MPF), que también arrojó que más del 84% cumple su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Los datos reflejan el avance sostenido de los juicios luego de
la anulación de las leyes de "Punto Final" (23.492) y "Obediencia
Debida" (23.521), en 2003, que habían frenado los procesos judiciales
contra militares e integrantes de las fuerzas de seguridad acusados.
Desde entonces, el país desarrolló uno de los procesos judiciales más
extensos en materia de derechos humanos a nivel global, con cientos de
investigaciones en curso en tribunales de diferentes provincias y miles
de víctimas reconocidas.
La vida después del abismo: veinte crónicas de los que regresaron del horror de la dictadura
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De acuerdo al relevamiento de la PCCH, los procesos derivaron
en las condenas de 1.231 personas, 250 absoluciones, 102
sobreseimientos y a 172 acusados se les dictó la falta de mérito. En
estos años fueron investigadas 3.897 personas, de las cuales actualmente
hay 504 que están detenidas por estos crímenes -que incluyen
secuestros, torturas, desapariciones forzadas, violaciones y
homicidios-, y 425 de ellas encuentran bajo arresto domiciliario, lo que
representa el 84.33%.
De las restantes, 61 están alojadas en la
Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de
Campo de Mayo, y 18 permanecen privados de su libertad en diferentes
establecimientos carcelarios. En mayo del año pasado, la entonces
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió a los represores que se
encontraban presos en la Unidad 31 de Ezeiza a las instalaciones
ubicadas en el partido bonaerense de San Miguel.
La decisión estuvo
motivada con el fin de realizar reformas en ese centro penitenciario
para comenzar a alojar allí a mujeres y detenidos de “alto perfil”,
principalmente por delitos vinculados al narcotráfico. Entre los
trasladados figuran Alfredo Astiz, alias "El Ángel de la Muerte", ex
espía que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y fue sentenciado por
desapariciones y torturas en la ESMA; Mario “El Cura” Marcote, exmiembro
del Servicio de Informaciones santafesino; y Julio César Arguello,
excabo de la Brigada de Investigaciones bonaerense, culpable por delitos
en el “Circuito Camps”.
Además, fueron llevados a Campo de Mayo
Carlos Suárez Mason (hijo), condenado por crímenes en la ESMA; Honorio
Carlos Martínez Ruíz, por delitos cometidos en "Automotores Orletti"; y
Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en ese centro
clandestino y que murió meses después en su casa tras haber recibido el
beneficio a prisión domiciliaria. Esta cuestión tomó estado público al
retomar el capítulo que se abrió en 2024, cuando todos ellos fueron
visitados en Ezeiza por un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza
(LLA).
20/03/2026 (8643)
